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InícioORLA (ancienne série)214Territoires & SociétésLa(s) autonomía(s) en América Latina

Territoires & Sociétés

La(s) autonomía(s) en América Latina

Una expresión socio-espacial del Estado novísimo y sus efectos en el proceso de integración regional
Jaime Preciado e Pablo Uc
p. 199-220

Resumos

Ce travail a pour objectif d’analyser la diversité et les particularités du phénomène des autonomies en Amérique latine, dans le but de réfléchir sur les tendances du Nouvel Etat que mettent en œuvre les mouvements sociaux dans la région, enrichissant le débat autour de l’intégration régionale. Il est vrai que l’imaginaire socio-spatial du lieu et de la localité génère un discours géo-politique qui affecte et redéfinit l’Etat, et cause un impact sur l’idée et le projet même d’intégration régionale en Amérique latine et dans les Caraïbes. Analyser les autonomies régionales latino-américaines va au-delà de la question centrale de la dimension inter-étatique et des perspectives simplement institutionnelles, dans lesquelles on a l’habitude d’enfermer le débat. C’est pourquoi nous proposons d’étudier la géo-politique du pouvoir des mouvements sociaux, même si ceux-ci peuvent avoir des perspectives différentes voire opposées.

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La geopolítica del novísimo Estado en América Latina

1Las reivindicaciones en torno a la autonomía y el derecho a la autodeterminación, se fortalecen en la última década en América Latina y diversifican sus fines y orientaciones políticas. Actualmente el reclamo autonómico, representa algo más que la politización de identidades étnicas y territoriales de los pueblos originarios, como había ocurrido en la región desde la década de los años ochenta, e intensificado en los años noventa, ante el contundente rechazo al colonialismo interno que trajo la emergencia y articulación de los movimientos indígenas a nivel continental.

2La autonomía en lo que va del siglo XXI, se instrumenta también como una reivindicación política por parte de elites y oligarquías locales y nacionales, que reaccionan ante los proyectos políticos y reformas a los modelos económicos emprendidos por los gobiernos de izquierda (diferenciada, heterogénea) o progresistas, llegados al poder en la última década. Varias de estas reformas orientadas a refundar el Estado, se convirtieron en certeras amenazas a la estructura colonial interna, sostenida por el Estado nacional moderno. La figura autonómica, también es un instrumento de desestabilización para los gobiernos centrales, en algunos países en que las elites han perdido las riendas del proyecto nacional y la capacidad de contener la deconstrucción del Estado moderno.

3En cualquiera de los casos, las autonomías son una clara expresión de la relevancia que tiene el lugar y la localidad como referentes de un imaginario socio-espacial que afecta sustancialmente el actual proceso de (re)definición del Estado nacional en la región. Consecuentemente, los efectos generados sobre esta unidad geopolítica « básica », consideran las aportaciones que los sujetos políticos locales generan sobre el modelo de desarrollo, gramática democrática (formas de participación, representación y deliberación) y gobernabilidad, que sirve de base a los proyectos orientados a construir una integración regional autónoma, tanto en términos de inserción internacional frente a la re-estructuración del sistema mundo, como en lo relacionado a alternativas sustentables frente al sistema capitalista.

4Este trabajo tiene como objetivo analizar la diversidad y las particularidades del fenómeno autonomista en América Latina, a fin de reflexionar sobre las tendencias del Estado novísimo que se gesta en la región, y enriquecer el debate en torno a la integración regional, a partir del reconocimiento del imaginario socio-espacial del lugar y la localidad, del discurso geopolítico que afecta y redefine al Estado, e impacta paralelamente sobre la idea y proyecto de integración regional en América Latina y el Caribe, más allá de la centralidad de la dimensión interestatal, que suele aprisionar este debate.

5Se identifica el debate autonómico a partir de las experiencias empíricas más contundentes de la región en los últimos años, incluyendo un esbozo de la geografía autonómica en América Latina, a fin de espacializar este debate. Enseguida, se aborda la deconstrucción de la « naturaleza » estadocéntrica en la que se ha sustentado el colonialismo interno, a partir de la figura moderna del Estado nación, la idea y concepto de lugar y localidad, referente geográfico sobre el que se construyen las definiciones y reivindicaciones de autonomía, autogobierno, libre determinación, etc. Lo cual lleva a la redefinición del Estado como novísimo movimiento social, y a la discusión sobre las nuevas territorialidades que demandan la plurinacionalidad y la transculturalidad, así como el ejercicio de una democracia participativa, representativa y comunitaria : la geopolítica del Estado novísimo en América Latina.

6Finalmente, las conclusiones están orientadas a repensar el tipo de paradigma que demanda una integración regional autónoma en un contexto postneoliberal, a partir del análisis de la autonomía, donde la idea de construir un socialismo del buen vivir, significa una aportación valiosa para este debate.

I. Orientaciones del debate autonómico en América Latina

a. La autonomía como reivindicación territorial étnica

7Los orígenes de las reivindicaciones en torno a la autonomía, como expresión político-territorial de la libre determinación de los pueblos, se vinculan con el rechazo a todas las expresiones de colonialismo interno ejercidas por el Estado nación, sobre los pueblos y naciones oprimidas, explotadas, o anuladas histórica y espacialmente. Este rechazo se expresa a través de las reivindicaciones por la libre autodeterminación, el ejercicio de la autonomía política y territorial al interior de los Estados, y una descentralización sistemática del mismo.

  • 1 Es importante señalar el caso de los Indios Kuna en Panamá, o de los misquitos en Nicaragua. Las ra (...)
  • 2 Colombia en 1991 introdujo modificaciones en el artículo 7 de la Constitución: «el estado reconoce (...)
  • 3 Véase Rosa de la Fuente, Autonomía indígena en Chiapas. Un nuevo imaginario socio-espacial, Madrid, (...)

8En el marco de las responsabilidades contraídas por el convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) –documento internacional que defiende la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos–, se lograron reformas en los marcos constitucionales1 de varios países como Colombia (1991), México (1992), Bolivia y Argentina (1994), Ecuador (1998)2. Asimismo, la articulación social de organizaciones indígenas continentales en la campaña « Quinientos Años de Resistencia Indígena Negra y Popular »3 se convirtió en la base fundamental para que diversas organizaciones indígenas nacionales y continentales consolidaran un discurso de derecho al autogobierno e incluso a la autonomía territorial. Los movimientos indígenas, salvo puntuales excepciones, no han reclamado un territorio soberano independiente, sino diferentes grados de autonomía.

9En todo caso, las demandas de autonomía –entendidas como expresiones territoriales de independencia parcial del gobierno central o nacional–, emergen como consignas de sujetos colectivos que en primera instancia pretenden hacer uso de la autonomía para resolver los problemas locales que atraviesan, ya sea por la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de ciudadanía, o por las contradicciones internas del discurso de la globalización neoliberal.

  • 4 Catherine Walsh, Interculturalidad y Plurinacionalidad: Elementos para el debate constituyente, Ecu (...)
  • 5 En el caso mexicano, el incumplimiento por parte del gobierno mexicano de los acuerdos de San André (...)

10Es importante considerar la emergencia de sujetos políticos colectivos, con mayores alcances institucionales y respaldo internacional, pues las transformaciones de los marcos constitucionales de los años 90 resultaron no sólo insuficientes, sino contraproducentes. Se blindó el poder de los Estados monoculturales, que anularon los espacios de reclamo autonómico, mediante una estrategia de incorporación de líderes y de los sectores indígenas al esquema de productividad y consumo demarcada por el mercado. Como apunta Walsh4, las demandas de plurinacionalidad e interculturalidad a inicios del siglo XXI son una crítica frontal del fracaso de los proyectos de Estados multiculturales, que hicieron de las reivindicaciones indígenas, y de otras minorías étnicas, un ejercicio meramente retórico que sofocó el potencial insurgente de los movimientos indígenas5.

  • 6 Catherine Walsh, Interculturalidad y Plurinacionalidad… op. cit., p. 3-6.

11La apertura a la diversidad étnica y su incorporación dentro de los Estados se insertó en el marco de un diseño global, en el que el ‘multiculturalismo constitucional’ de los años 90 representó una estrategia de incorporación de los sectores tradicionalmente excluidos al sistema neoliberal y al mercado. La diferencia étnica fue vista por los bancos de desarrollo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) como una oportunidad de insertar a los pueblos indígenas en el capitalismo, así como una estrategia para acceder a territorios ricos en recursos naturales o en posiciones clave para complejos de desarrollo industrial o turístico6.

  • 7 La interculturalidad es entendida como «un proceso y proyecto social político que tiene como meta l (...)

12De allí, que el ejercicio de la plurinacionalidad y la interculturalidad7 surja en el siglo XXI como una consigna orientada a refundar el Estado desde su más íntima estructura orgánica. Los procesos constituyentes en Venezuela (1999), en Ecuador (2008) y en Bolivia (2009), dan cuenta de esto. Mientras en el caso boliviano la autonomía se posiciona como un tema que se impulsa desde el Estado, en México, ‘la autonomía de hecho’ ha sido la alternativa tomada por el movimiento indígena zapatista, ante la negación por parte del Estado mexicano a cumplir con los Acuerdos de San Andrés (1996). En la geografía latinoamericana de los últimos treinta años, la presencia de pueblos indígenas y minorías étnicas, coincide con demandas diferenciadas de autonomía. Ante la amplitud de esa geografía política escogimos las expresiones que, quizá, mejor plantean la discusión en torno a la autonomía de base territorial : la experiencia zapatista en México, y la que intenta implementar el Estado boliviano.

b. Dos experiencias referenciales : la autonomía como proyecto de Estado, y la autonomía fuera del Estado

El caso boliviano

13Tras la ratificación popular, en enero de 2009, de una nueva Constitución en Bolivia, el debate planteado en 2006 con la llegada a la presidencia de Evo Morales sobre una inminente redefinición político-conceptual del Estado, se trasladó a una nueva semántica política : su refundación, sustentada en una democracia más participativa y con mayor demanda de representación.

14Definido como un « Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías », la Constitución se refiere a la autonomía y la libre determinación marcada en el artículo 2 :

  • 8 Constitución Política del Estado de Bolivia, Título I. Bases Fundamentales del Estado- Capítulo Pri (...)

Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales...8

  • 9 Idem.

15La descentralización del Estado considera autonomías simultáneas y diferenciadas : la departamental, la regional, la municipal y la indígena. Y es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la que regulará « el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas »9.

16De acuerdo a la Constitución boliviana, la autonomía implica

  • 10 Idem.

la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones10.

  • 11 Cfr. Álvaro García Linera, Autonomías indígenas y Estado multicultural. Una lectura de la descentra (...)
  • 12 La Media Luna, es un eje encabezado por el Comité Cívico de Santa Cruz, al que se han unido los com (...)

17Se trata de un proyecto de Estado que establece el ejercicio autonómico como un derecho prioritario para la construcción institucional del mismo ; lo que implica el ejercicio de facultades simultáneas sobre territorios que se sobreponen unos con otros, y reconocen paralelamente derechos diferenciados, para todos los actores políticos. Cabe aclarar que la iniciativa de autonomía indígena, definida inicialmente como una consigna fundamental para trascender el colonialismo interno11, fue tema de debate de la Asamblea Constituyente, pues se incorporaron las autonomías departamentales impulsadas por el eje de la media luna12, como herramienta de contrapeso político.

  • 13 Observatorio Social de América Latina (OSAL) (2007) Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Orig (...)

18Mientras las autonomías departamentales fueron el pivote central del proyecto político reaccionario de las elites agroindustriales, la autonomía indígena se convirtió en una reivindicación por parte de organizaciones indígenas y campesinas. En especial, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional del Ayllus y Markas de Qullasusyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre otras, que conformaron el Pacto de Unidad, y que, en 2006, presentaron un proyecto para la nueva Constitución13.

19Ambas expresiones, conflictivas en el marco institucional del país, hacen que la experiencia autonómica sea constitutiva del proceso de refundación del Estado.

El caso mexicano

  • 14 Cfr. Rosa de la Fuente, Autonomía indígena en Chiapas…, op. cit., p. 24-27.

20Desde la experiencia zapatista en el Estado de Chiapas, los antecedentes del reconocimiento formal del derecho a la autonomía indígena en México, se remontan a los Acuerdos de San Andrés. Pero su posterior y permanente incumplimiento, acompañado de una permanente campaña de hostigamiento militar y paramilitar en las comunidades zapatistas, da el contexto para entender la implementación de facto de la autonomía y la forma en que se politiza el derecho a construir espacios con formas de gobiernos y proyecciones territoriales autodefinidas por sus habitantes14.

21Los Caracoles y las Juntas del Buen Gobierno (JBG), inauguradas en Oventik en 2003, constituyen el nuevo capítulo de lucha por el reconocimiento de sus autonomías, desde las cuales se fortalece el proyecto civil zapatista y se fundamenta el proyecto nacional de La Otra Campaña zapatista en el contexto de las elecciones presidenciales de 2006.

22Los Caracoles impulsan las autonomías como un ejercicio de facto, ante la negación del Estado mexicano de reconocer los derechos legítimamente reclamados desde la firma de los Acuerdos de San Andrés de 1996 y la última negación a responder a dichas demandas legítimas, tras plantearlas ante el Congreso de la Unión en marzo de 2001. Esta situación refleja la tensión existente entre legalidad y legitimidad. Para Héctor Díaz Polanco, los Caracoles y las JBG

  • 15 Héctor Díaz Polanco, La insoportable levedad de la autonomía. La experiencia mexicana, en Natividad (...)

constituyen una forma de desobediencia civil, válida y legítima, ante la falta de reconocimiento de derechos fundamentales de los pueblos indígenas. [De tal manera que] se puede conciliar la idea de carencia de legalidad autonómica en el país con el derecho a la resistencia de los indígenas (por la vía de los autogobiernos de hecho)15.

23Considerada como una etapa superior de organización, nace una nueva forma de autogobierno. De acuerdo con la Treceava Estela, publicada por el subcomandante Marcos en 2006, lo que funcionaba hasta entonces a nivel de cada comunidad, pasaba de lo local a lo regional. Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) guardan desde entonces funciones exclusivas de impartición de justicia, salud, educación, vivienda, tierra, trabajo, etc. Mientras que las JBG poseen competencias exclusivas orientadas a la coordinación autonómica a escala supra-comunal del proyecto zapatista.

  • 16 Rosa de la Fuente, Autonomía indígena en Chiapas…, op. cit., p. 26.

24De la Fuente, argumenta que más allá de la inicial búsqueda de reconocimiento legal de la demanda de autonomía territorial, la trascendencia política del movimiento autonómico zapatista fue « la transformación material y discursiva del proceso de producción social del espacio »16. Sin embargo, la ilegalidad que el Estado se ha empeñado en otorgar al proceso, atenta contra la legitimidad del proyecto autonomista a través de los Caracoles y las JBG, así como la búsqueda de articularse con el resto del país a través de proyectos como el Plan Realidad-Tijuana (2003) y la Otra Campaña (2006). Esta contradicción ha fortalecido el derecho a construir espacialidades alternativas a las que legitima el Estado, y en todo caso hace de la autonomía un derecho y una posibilidad para construir redes de autogobierno e integración críticas a la fragmentación interna y exterior, paralelas a las que pudiera promover el Estado.

c. Autonomías impulsadas por elites locales

25En reacción directa a las políticas que pusieron en tela de juicio las estructuras del colonialismo interno del Estado nación, en países con gobiernos de izquierda o proyecciones mínimamente progresistas, la autonomía es disputada por las elites y oligarquías locales y regionales en varios países de la región.

26Los ecos generados por la declaración unilateral de autonomía en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aunados al viejo dilema de las autonomías bajo reivindicaciones de emancipación frente al colonialismo interno, que tiene alcances jurisdiccionales en el derecho internacional, y consuetudinario, provocaron abismos legales que son utilizados para promover reformas marcadas por la separación y la disección de gobiernos elegidos legítimamente y constituidos sobre bases sociales muy amplias.

  • 17 Cfr. Pablo Uc y Enrique Toussaint, «Las sendas del actual laberinto Boliviano: Revolución Democráti (...)

27En esta tradición autonómica, Santa Cruz forma parte de un conglomerado de movimientos autonómicos respaldados por la elite agroindustrial ganadera y maderera, que concibe beneficios en la materialización de estos procesos. Zulia en Venezuela y Guayaquil en Ecuador, presentan características similares, no solamente en las ambiciones autonómicas, sino también en cuestiones relacionadas con la ideología, actores y familias, beneficios y factores histórico-geográficos que determinan las causas inequívocas de las autonomías en cada una de las tres regiones. En el caso de Zulia, la autonomía está respaldada por un proyecto nombrado « Rumbo Propio », inspirado en la Escuela de Chicago, que fundamenta ideológicamente la imposición del capitalismo sin restricciones y una « confederación democrática » que permita el libre desarrollo de las capacidades individuales de los habitantes de Zulia17.

28Dirigido por jóvenes miembros de universidades privadas, académicos experimentados y articulados con « Think Tanks » (despachos estratégicos) estadounidenses y europeos, el movimiento « Rumbo Propio » busca consolidarse como un partido liberal que defiende los intereses de corporaciones multinacionales y desmantela la autoridad del Estado en todas las áreas de la vida económica venezolana. En el mismo tenor, nació el movimiento por la « defensa autonómica de Guayaquil » que en su ‘acta por la libertad y autonomía regional’, sostiene que el gobierno encabezado por Rafael Correa, ha atentado contra los principios rectores que consagran la dignidad básica de los ciudadanos « la libertad política, la libertad económica y la libertad moral ».

  • 18 En esta organización fundada en 2006 destacan nombres como Carlos Dabdoub del Comité Cívico pro San (...)

29Estos grupos, pregonan que la estatización de las actividades económicas y la instrumentalización del Estado han sumido al Ecuador en una profunda crisis de valores políticos, económicos y sociales. Estos dos movimientos aunados al cruceño, son dirigidos por la Organización por la Democracia Liberal en Venezuela y la Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional (CONFILAR)18, con sedes en Miami y Caracas, respectivamente. Se trata de organismos nacionales, con ambiciones y claras jurisdicciones extra-nacionales, que difunden valores liberales, cuya estructuración interna cuenta con pensadores, intelectuales y líderes juveniles relacionados laboral y políticamente, con círculos conservadores de empresas y partidos de oposición en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las estrategias de la CONFILAR, se han concentrado en una defensa primordial del discurso autonomista, el derecho a la apropiación de los excedentes generados por los recursos naturales que yacen en sus territorios, la formación de grupos cívicos con funcionamiento político pero sin responsabilidad legal, apoyados por los fondos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) que provienen del Congreso estadounidense, y del Fondo Nacional por la Democracia (FED), que financiaron el golpe de Estado en Venezuela, en 2002.

  • 19 Idem.

30Las similitudes entre la realidad de Santa Cruz y la prevaleciente en Zulia y Guayaquil, no se reducen a causas ideológicas, sino que están relacionadas con el manejo y la apropiación de recursos energéticos vitales para el desarrollo de las respectivas naciones. Como es el caso de Zulia, Estado que forma parte de la región occidental de Venezuela. Según estimaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela posee reservas probadas de unos 79 700 millones de barriles, de los cuales la mayoría pertenecen a la región conformada por Zulia, Mérida y Táchira19. En lo relativo a las reservas probables de la Faja del Orinoco, la participación zuliana ascendería a un aproximado del 28 %.

31Guayaquil presenta características similares. El departamento costeño, ubicado en la región sur-oeste, alberga más de 6 mil millones de metros cúbicos de gas natural y altos porcentajes de los 5 100 millones de barriles de petróleo pertenecientes a las reservas probadas de Ecuador.

32El Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC), presidido por el empresario Branko Marinkovic, es el articulador central de los comités cívicos de todos los departamentos de la ‘media luna’ y el cofinanciador de la ‘Juventud Cívica Cruceña’, gestora de los grupos de choque que han desatado una profunda violencia en el entorno de la Asamblea Constituyente, y en cada uno de los procesos de referéndum autonómicos llevados a cabo en Santa Cruz, Beni y Pando ; hasta enfrentar la demanda y recomendaciones de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para detener la creciente violencia contra grupos indígenas aymaras.

  • 20 Véase Marxa N. Chávez, Autonomías Indígenas y Estado Plurinacional en OSAL (Buenos Aires, CLACSO) A (...)

33La oligarquía regional de la Media Luna Ampliada persigue una Autonomía Departamental en la constitución aprobada en 2009, pues busca apropiarse los beneficios económicos que aportan los recursos petroleros y gasíferos ahí localizados. Pero, la desestabilización lograda por estos grupos y corrientes políticas cuestiona su intención de lograr una autonomía con unidad nacional, los ubica dentro de categorías secesionistas que su discurso niega y sus hechos delatan20.

34Esta configuración geopolítica se manifiesta en los estatutos autonómicos de los tres frentes. En los cuales, se hace expreso el « derecho inalienable de administrar los recursos y establecer privatizaciones en cualquiera de las áreas de la actividad económica », así como que « la firma de tratados internacionales y la ejecución de la política exterior serán capacidades intrínsecas de la autonomía ». Estos datos son el hilo conductor en los procesos autonómicos mencionados, pues funcionan como instrumento ‘balcanizador’ de la región, orientado a controlar los recursos naturales y áreas vitales en el desarrollo económico nacional.

35En resumidas cuentas, estas experiencias tienen en común que todas son bastiones de la oposición política de sus respectivos países, poseen recursos naturales estratégicos, y representan una parte importante del PIB nacional, fuerza con la cual pretenden negociar de forma directa tratados comerciales con EEUU y otros países centrales. Estas reivindicaciones autonómicas marchan contra el ejercicio de la plurinacionalidad, y parecen resquebrajar las tendencias rumbo a una integración regional autónoma y con unidad en las diversas escalas que comprende la región.

II. Debate teórico y conceptual

a. Colonialismo interno y derecho a la autodeterminación : algunos antecedentes

  • 21 Pablo González C., «Colonialismo interno (una redefinición)», en Borón, Atilio, Javier Amadeo, Sabr (...)

36El concepto de colonialismo interno contextualiza y problematiza el debate sobre el derecho a la autodeterminación, la autonomía democrática y el consecuente proceso de descentralización en el marco del rediseño de los Estados nacionales. El colonialismo interno, de acuerdo a González Casanova, plantea que « los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional »21. Un colonialismo que se ejerce a escala internacional y al interior de los Estados nacionales.

37Ante esta situación, los pueblos colonizados por el Estado-nación :

  • 22 Idem.

…habitan en un territorio sin gobierno propio ; se encuentran en situación de desigualdad frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran ; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo ; sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de ‘asimilados’ ; los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central ; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una raza distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada inferior o, a lo sumo, es convertida en un símbolo liberador que forma parte de la demagogia estatal ; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la nacional22.

b. Aproximaciones teóricas al concepto de autonomía

38La autonomía como organización política, administrativa, económica y territorial modifica sustancialmente la comprensión del Estado moderno, sustentado en estructuras mono-culturales e instituciones centralistas y supera las teorías normativas impulsadas desde la perspectiva federalista.

39La emergencia del concepto autonomista suele vincularse con los conceptos de libre determinación o autodeterminación y autogobierno. La experiencia histórica del siglo XX relaciona la autodeterminación de los pueblos con reivindicaciones de soberanía y libertad que reclaman los Estados nacionales en el ámbito internacional. Y se vincula al derecho de independencia de una nación que reivindica autonomía étnica y cultural de un Estado territorial. Este fue el caso de los procesos de independencia en Latinoamérica en el siglo XVIIII y XIX, o de las colonias africanas y asiáticas durante el siglo XX, frente a las metrópolis europeas.

  • 23 Cfr. Natividad Gutiérrez, Estados y autonomías en democracias contemporáneas, México: UNAM/Plaza y (...)

40Más allá de la secesión político territorial de diversas naciones tras el derrumbe de la Unión Soviética en la Europa oriental y las subsecuentes « revoluciones naranjas » para la construcción de nuevos Estados nacionales, este derecho reorientó el concepto de autonomía. El caso español ilustra la construcción de comunidades autónomas como figuras político-administrativas que reconvertieron el espíritu republicano, sofocado por la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), y el ‘principio de las nacionalidades independientes’ tenazmente reivindicado en el País Vasco y Cataluña23.

  • 24 Carlo Baldi, «Autodeterminación», en Norberto Bobbio, Diccionario de Política, Siglo XXI, 2005, p. (...)

41En el caso latinoamericano, las experiencias recientes definen prácticas distintas. La estructura de colonialismo interno reproducida por los Estados monoculturales que rigió la « vida independiente » de los países latinoamericanos, derivó en legítimos reclamos de autodeterminación por parte de los pueblos indígenas y diversos grupos étnicos minoritarios : « la decisión de poblaciones que suficientemente definidas desde el punto de vista étnico o cultural tienen para disponer de sí mismas y el derecho que un pueblo tiene en un estado para elegirse la forma de gobierno »24.

  • 25 Héctor Díaz Polanco, Autonomía regional, la autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo (...)
  • 26 Francisco López Bárcenas, Autonomía y derechos indígenas en México, México, Ce-Acatl/CEIICH-UNAM, 2 (...)

42En la autodeterminación ejercida al interior de un proyecto nacional más amplio, la autonomía es determinada, según Díaz Polanco25, por la naturaleza histórica de la colectividad que la ejercerá, que constituye el sujeto histórico que la convertirá en realidad histórica ; así como el carácter sociopolítico del régimen estatal-nacional en el que cobrará existencia institucional y práctica dicha autonomía. Además, es fundamental que exista un reconocimiento de la personalidad jurídica de la autonomía, y « ésta debe estar asentada no en cualquier ley, sino en la Ley fundamental del Estado : su Constitución Política »26. Lo que implica una profunda reforma constitucional y leyes congruentes de descentralización, o una refundación del Estado tras un proceso constituyente que involucre al amplio conjunto de actores que construyen un proyecto común.

  • 27 Idem, p. 44.
  • 28 Ibid., p. 44.

43En la perspectiva étnica, la autodeterminación se construye en torno a cuatro reivindicaciones que han hecho explícitas los pueblos indígenas en América Latina27 : la autoafirmación (capacidad de un pueblo para proclamarse existente con base en una realidad sociológica sobre la etnia y la conciencia ética de la comunidad), la autodefinición (construcción de su imagen como sujetos políticos y la definición de quiénes constituyen ese grupo), la autodelimitación (derecho del pueblo a definir sus límites territoriales en función de sus reivindicaciones históricas y la densidad demográfica de sus integrantes) y la autodisposición (derecho de todo pueblo a organizarse políticamente como mejor le convenga). Elementos que expresan esa subjetividad política negada por el ejercicio histórico del colonialismo interno28.

  • 29 Ramón Máiz, XI tesis para una teoría política de la autonomía, en Natividad Gutiérrez, Estados y au (...)

44Ramón Máiz construye varias tesis que sirven como referente para una teoría política de la autonomía. Al considerar que « la autonomía implica ante todo la descentralización política de un Estado y, por tanto autogobierno en las unidades descentralizadas, propia y sustantiva decisión política por parte de los entes autónomos »29. Sus tesis son que la autonomía implica gobierno compartido, no soberanía ; supone competencia, no jerarquía ; es un proceso, no una estructura ; postula la unidad en la diversidad ; la autonomía implica igualdad (solidaridad) interterritorial ; las instituciones autonómicas no expresan, sino que producen identidades ; la autonomía requiere de un sistema de actores complejo ; requiere un discurso autonomista ampliamente compartido ; forma parte central de los procesos de democratización.

45Así, la autonomía es expresión socio-espacial legítima de grupos excluidos estructuralmente por el Estado moderno, que se construye como una politización territorial que reconoce subjetividades históricamente negadas, pero que también es disputada por la defensa de intereses oligárquicos. El lugar y la localidad son el referente geográfico desde el que se ejerce la producción política y espacial de nuevas formas de representación y participación política.

c. El Estado como novísimo movimiento social

  • 30 Boaventura de Sousa Santos, «El socialismo del buen vivir», extracto de la exposición presentada en (...)

46No se puede reducir la complejidad de la lucha por el poder a una oposición maniquea entre movimiento social y elecciones ; tampoco a un enfrentamiento exclusivo entre Estado unitario y Estado autonomista. En contraste, la reemergencia del Estado en el centro del debate post-globalización y postneoliberal, sintetiza un espacio de apropiación y lucha entre movimientos sociales y reformas en la clase política. De Sousa30, contextualiza la complejidad del poder que se debate en un escenario en que los procesos autonómicos participan ampliamente. Durante la primera década del siglo XXI latinoamericano, coexisten dos niveles de lucha :

  • Las luchas ofensivas, sin ser necesariamente socialistas, y sin negar la vocación socialista de algunas de ellas, son luchas por un cambio radical transformador de la sociedad ; y en estas luchas, de Sousa concluye que « el Estado es la solución », no como una entidad externa a las movilizaciones, reivindicaciones y creación de alternativas, sino que el desafío del siglo XXI, es la construcción del Estado como el « novísimo movimiento social ».

    • 31 Idem.

    A través de luchas defensivas, por demandas o reivindicaciones conquistadas, convergen movimientos sociales y democratización, pues « se está intentando liquidar las conquistas democráticas de la última década. Y se está intentando liquidar de varias formas ; no es simplemente el golpismo [sino también] la contrarrevolución jurídica »31.

47Además, la llamada triple crisis, cuya conjugación representa una crisis civilizatoria, le da nuevos contextos a la lucha democratizadora de la izquierda en Latinoamérica, particularmente a través de los movimientos indígenas y de los pueblos originarios, con sus propuestas de diversidad cultural que cuestionan el carácter supuestamente moderno del Estado-nación. Luchas ofensivas y defensivas que abren un diálogo nuevo, difícil, con fuertes contradicciones entre movimientos sociales y democratización, pero que han concretizado Constituciones nuevas –en Bolivia, Ecuador y Venezuela–, y reformas constitucionales de diversos alcances que incluyen reivindicaciones étnico-culturales, que transforman el rostro del Estado nacional etnocéntrico, uninacional, monocultural, en su antítesis a través de las autonomías (indígenas, culturales, regionales).

  • 32 Idem.

48De ahí que de Sousa, plantee que en América Latina no hay una transición democrática única, que sólo se restrinja a la reforma y adecuación del régimen y sistema político, particularmente en sus aspectos representativos e institucionales, sino que en esta región coexisten dos transiciones originales, que incluyen paralelamente cambios de régimen político-jurídico y cambios socioculturales que transforman al Estado, desde el impulso de los movimientos sociales : « la transición del capitalismo al socialismo y la transición del colonialismo a la autodeterminación, al fin del racismo »32.

  • 33 Idem.

49Dentro de esas dinámicas, la plurinacionalidad refuerza el nacionalismo y transforma el concepto de nación, al crear puentes que interrelacionan dos de sus condiciones : la nación heredada y la nueva nación, en las que no hay necesariamente un conflicto entre ellas. La concepción de nación cívica, de origen liberal, ciudadana, y « una nacionalidad que tiene raíces étnico-culturales y que no colisiona, no crea un conflicto necesario con el primer concepto de nación. Porque los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes de este continente han luchado por la autodeterminación pero nunca por la independencia »33.

III. El lugar, la localidad y la autonomía frente al debate de la integración regional

50En los procesos de integración regional coexisten diferentes interpretaciones y diversas políticas, que vinculan de manera explícita o implícita lugares, localidades y la problemática autonómica. El Neoinstitucionalismo, enfatiza la dimensión jurídico-política, de la reforma constitucional, dentro de la cual la integración es fundamentalmente interestatal y se define de arriba hacia abajo. En ese marco, los poderes locales se constriñen a una dimensión institucional que no recoge las iniciativas autonómicas.

51Además, las reformas legislativas que incluyen derechos indígenas desde esa perspectiva de fortalecimiento institucional (la nación cívica-liberal), por encima del fortalecimiento del tejido sociopolítico y etnocultural, han sido incapaces de reconocer el carácter plurinacional del Estado, por lo que se imponen visiones únicas, que solamente apelan a formatos propios de la democracia representativa, formalizadora de la democracia participativa, que orientan la política exterior, así como el uso de los recursos estratégicos por imperativos nacionales que desdibujan las capacidades autonómicas. Así, se excluye a las autonomías de las decisiones relativas a su territorio, tanto como se les margina en las discusiones sobre lo que impacta la integración regional en la escala local.

52En otro contexto, las Asambleas Constituyentes, resultado de procesos complejos deliberativos en aquellos países donde previamente se eligieron gobiernos de izquierda, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, han sido capaces de incluir en su entramado constitucional diversos tipos de autonomías de base territorial. Sin embargo, la emergencia de la autonomía indígena o territorial, como una nueva escala de poder geopolítico, es cuestionada por el carácter ambivalente del estatuto autonómico que se presta tanto para ser reivindicado por parte de poderes oligárquicos, como por parte de colectivos y comunidades con planteamientos plurales, incluyentes, democráticos.

53Así, las variables macroeconómicas a las que son sometidos y por las que optan los gobiernos nacionales, de izquierda, entran frecuentemente en contradicción con las capacidades de autodeterminación de los gobiernos autónomos. Sobresalen los casos ligados con los recursos estratégicos de energías fósiles y renovables, que se someten a los imperativos del plan de desarrollo nacional, como gas, petróleo, represas, usos del agua, industrias extractivas o cultivos de plantación. La historia reciente en esos países está minada por conflictos que tensan el papel de las autonomías en la construcción de los nuevos Estados desde dentro y en su proyección internacional, particularmente en torno del proyecto de integración regional.

54En todos los casos, la disputa es por el control del gobierno local, los recursos estratégicos « nacionales » y el reconocimiento de la ‘paradiplomacia’, o diplomacia ciudadana por una integración horizontal, frente al peso comercial de la política « exterior », en la proyección geopolítica que establece el Estado central. En esos conflictos, también cuenta el sentido y la profundidad de la política de descentralización, tanto en lo que hace a los límites de las atribuciones que pueda gozar la Autonomía, como en lo que toca a los recursos fiscales y la determinación del presupuesto y los alcances de la subsidiaridad entre regiones desiguales.

55Las autonomías per se no determinan su vinculación con los procesos de integración, sino que es su composición sociopolítica y etnocultural la que da sentido a la relación entre autonomías y procesos de integración. Constatamos tres acercamientos entre autonomía e integración supranacional :

  • Los objetivos estratégicos autonómicos que persiguen elites y oligarquías locales y regionales, buscan su inserción en la dinámica continental de los TLC’s, a partir de dos estrategias simultáneas : la exigencia frente al Estado central para que firme tratados comerciales, y el establecimiento directo de relaciones comerciales con otras colectividades territoriales locales o, incluso, con las políticas comerciales de otros países, frecuentemente a través de sus gobiernos locales.

  • Paralelamente, se tejen vínculos entre comunidades autónomas y ciertos procesos integradores supranacionales autonómicos, como es el caso de la UNASUR, y de la fusión Mercosur-CAN. Una vinculación conflictiva para los organismos o comunidades autónomas, quienes cuestionan la debilidad de la agenda social de esos esquemas interinstitucionales. En todos esos casos, no se resuelve la tensión entre latinoamericanismo y poder de las autonomías, pues no hay acompasamiento entre el perfil interinstitucional que toman los Estados nacionales y los procesos de autodeterminación autónoma, que se niegan al sometimiento de sus decisiones por lo que juzgan políticas pragmáticas de cara al mercado mundial « globalizado ». Habrá que esperar las negociaciones que lleven a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, acordada en Cancún México, en febrero de 2010, pues en sus discusiones iniciales aparece el tema polémico de las Autonomías Indígenas.

  • El fortalecimiento de poderes locales, que se inspiran en la autonomía política de los sujetos sociales se presenta en frentes múltiples y heterogéneos, que van desde las experiencias locales acumulativas ligadas con estrategias nacionales y/o actorales (los indios) o sectoriales (la producción alimentaria), que buscan una transformación de la nación y del Estado de largo plazo, o la formación de redes de organismos sociales, que tienen alcances latinoamericanos, continentales y mundiales. En todos esos casos, el debate se refiere al papel de los movimientos sociales ante procesos de institucionalización relativos al sistema político de partidos, la democracia representativa y el Estado, incluyendo su proyección hacia procesos de integración supranacional.

Conclusiones

56Las Autonomías territoriales representan prácticas decoloniales de resistencia y a la vez creación de poder local, que incide sobre un imaginario socio-espacial del Estado nacional y sobre la reestructuración del sistema-mundo de matriz Sur-Sur. La visión que ofrece la geopolítica crítica de estos procesos sociopolíticos es plausible por contextualizar la relación entre actores sociales y prácticas espaciales, que reconfiguran la localidad, el Estado nacional, la escala supranacional de la integración regional y las relaciones ‘local-global’.

57Sin embargo, las reformas constitucionales de los 90 resultaron contraproducentes, de cara a esfuerzos autonómicos democratizadores, pues blindaron el carácter monocultural del Estado, al esconder, detrás del llamado « multiculturalismo », estrategias de incorporación y cooptación de los indígenas a los valores del mercado. La distribución de cuotas de poder a etnias y líderes indígenas marcó ese proceso, aunque parte de las reformas constitucionales, como la de Colombia, ampliaron los espacios de representación para los grupos indígenas locales.

58A contracorriente, identificamos una geopolítica de las autonomías elitistas, que se evidencia en tres rasgos distintivos : oposición política al gobierno central, tendiente a fortalecer discursos y prácticas de la nueva derecha ; apropiación elitista de los recursos estratégicos « nacionales » ; apuesta por los TLC’s como forma de inserción (subordinada) al mercado mundial.

59Desde la vertiente democratizadora, destacan dos impulsos a la autonomía territorial ; la boliviana, que muestra la fuerza, tanto como los desafíos, que enfrentan los movimientos constituyentes en la creación del novísimo Estado, plurinacional, descentralizado en el que coinciden demandas sociales autonomistas y estructura del nuevo gobierno. Por su parte, la experiencia de Los Caracoles, impulsada por el EZLN, crea una autonomía de hecho, pues ante la parcial reforma de derechos culturales indígenas del gobierno mexicano, que vulneró contenidos básicos de los Acuerdos de San Andrés, de 1996, el movimiento social de base indígena en Chiapas crea gobiernos locales sobre bases autogestivas y autonómicas que preservan y amplían un nuevo imaginario socio-espacial enmarcado en demandas de autodeterminación pero no de soberanía.

60Si el Estado del siglo XXI es el del novísimo movimiento social, las autonomías territoriales como expresión y reivindicación de movimientos sociales de base, principalmente indígena, son decisivas en la actual coyuntura latinoamericana para construir al « novísimo » Estado que reemplazará al Estado moderno, monocultural, uninacional, de corte cívico liberal. El novísimo Estado funda otro modelo de desarrollo, con una gramática democrática que incluye nuevas formas de participación, representación y deliberación ; un Estado con formatos de gobernabilidad y construcción de ciudadanía, que aportan los sujetos políticos emergidos de estas proyecciones e imaginarios socio-espaciales autonómicos.

61Si bien el socialismo del siglo XXI, propone un paradigma de referencia para el proyecto de futuro, este concepto sigue enclaustrado en los cánones institucionales, cuando su imaginario emerge desde el ámbito gubernamental. Cuando las demandas autonómicas impulsan un nuevo imaginario que concilia las tensiones entre lo local y lo nacional, entre lo central y lo periférico, aparece el Socialismo del Buen Vivir. Donde se reivindica el nuevo rol de un Estado social reforzado por la combinación de tres formatos democráticos : representativo, participativo y comunitario.

62No obstante, prevalecen diversas concepciones del poder local ; el partido, el Estado y el carácter de la democracia que los reúne, en dos geopolíticas autonómicas diametralmente opuestas, las autonómicas indígenas y las autonómicas elitistas. Pero, las autonomías indígenas prefiguran procesos democratizadores, que comparten estrategias relativas al comercio justo, redes de solidaridad internacional, o la crítica antiutilitarista. Empero, es fuerte la distancia de ambas autonomías frente a esquemas supranacionales de integración, cuando se privilegia la dimensión interestatal.

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Notas

1 Es importante señalar el caso de los Indios Kuna en Panamá, o de los misquitos en Nicaragua. Las razones, como explica De la Fuente, fueron complejas «bien por la existencia de población indígena en lugares periféricos del Estado y no muy estratégicos –como los Kuna–, bien por necesidades de garantizar la gobernabilidad en el país en contextos de fragilidad post guerras internas –como en el caso de Nicaragua, o bien una combinación de ambos factores –como en el caso de Colombia». Las soluciones en todos los casos fueron las del reconocimiento de derechos específicos y el reconocimiento de la autonomía territorial, y por tanto, la delimitación de regiones autónomas…

2 Colombia en 1991 introdujo modificaciones en el artículo 7 de la Constitución: «el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana». Bolivia reconocía en 1994 que la nación era «libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural...» en artículo 1º. El artículo 4º de la Constitución Mexicana, modificado en 1992, define al país como «una nación pluricultural fundada sobre el principio de los pueblos indígenas». Argentina, en 1994 reconoció la «preexistencia cultural y étnica de los pueblos indígenas argentinos» en su artículo 75. Mientras que en 1998 Ecuador, estableció en el preámbulo de su Constitución que: «El pueblo del Ecuador [...] proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas». En Rosa de la Fuente, Los Pueblos Indígenas y la Cooperación al Desarrollo, en Revista española de Desarrollo y Cooperación, Madrid, IUDC, 2008, p. 7.

3 Véase Rosa de la Fuente, Autonomía indígena en Chiapas. Un nuevo imaginario socio-espacial, Madrid, Catarata, 2008, p. 20-21.

4 Catherine Walsh, Interculturalidad y Plurinacionalidad: Elementos para el debate constituyente, Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, 2008.

5 En el caso mexicano, el incumplimiento por parte del gobierno mexicano de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, tienen como asignatura pendiente el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a sus autonomías. De hecho, el cierre de los canales de diálogo político con el EZLN y las comunidades indígenas rebeldes, se debió en gran parte a este incumplimiento que, acompañando a un permanente hostigamiento paramilitar, llevó a fortalecer –paradójicamente– el ejercicio de una autonomía de hecho, sustentada en la construcción de Los Caracoles y las Juntas del Buen Gobierno, entendidas como unidades de autogobierno indígena.

6 Catherine Walsh, Interculturalidad y Plurinacionalidad… op. cit., p. 3-6.

7 La interculturalidad es entendida como «un proceso y proyecto social político que tiene como meta la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas… incluyendo conocimientos y saberes, memoria ancestral, la relación con la naturaleza, y la espiritualidad...» Idem.

8 Constitución Política del Estado de Bolivia, Título I. Bases Fundamentales del Estado- Capítulo Primero, Modelo de Estado, 2009.

9 Idem.

10 Idem.

11 Cfr. Álvaro García Linera, Autonomías indígenas y Estado multicultural. Una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales, Bolivia, FES-ILDIS, 2003.

12 La Media Luna, es un eje encabezado por el Comité Cívico de Santa Cruz, al que se han unido los comités de Beni, Pando y Tarija, y cuenta con fuertes simpatizantes en Chuquisaca. Este eje ha sido el principal impulsor de las autonomías departamentales dentro del debate constituyente, así como a través de prácticas ilegales de hecho, que han buscado desestabilizar los procesos institucionales. Véase Sarela Paz, Autonomías territoriales y democracia plural en Bolivia, en Natividad Gutiérrez, Estados y autonomías en democracias contemporáneas, México, UNAM/ Plaza y Valdés, 2008.

13 Observatorio Social de América Latina (OSAL) (2007) Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre.

14 Cfr. Rosa de la Fuente, Autonomía indígena en Chiapas…, op. cit., p. 24-27.

15 Héctor Díaz Polanco, La insoportable levedad de la autonomía. La experiencia mexicana, en Natividad Gutiérrez, Estados y autonomías en democracias contemporáneas, México, UNAM/ Plaza y Valdés, 2008, p. 265.

16 Rosa de la Fuente, Autonomía indígena en Chiapas…, op. cit., p. 26.

17 Cfr. Pablo Uc y Enrique Toussaint, «Las sendas del actual laberinto Boliviano: Revolución Democrática, Autonomía y Fragmentación», en La Jornada Jalisco, 03/06/2008.

18 En esta organización fundada en 2006 destacan nombres como Carlos Dabdoub del Comité Cívico pro Santa Cruz, Alberto Manzueti de «Rumbo Propio» para Zulia, y Manuel Rosales, ex alcalde de Maracaibo y ex-gobernador de Zulia, el único que firmó el acta que disolvió los poderes públicos durante el golpe de Estado de 2002 en Venezuela. Así como Jaime Nebot y Paco Moncayo, alcaldes de Guayaquil y Quito respectivamente. También participan representantes de Costa Rica (Rigoberto Stewart - Asociación Limón Real); Guatemala (María Isabel García Leal - Cámara de Libre Empresa) y Perú (José Luis Tapia Rocha - Instituto de Libre Empresa).

19 Idem.

20 Véase Marxa N. Chávez, Autonomías Indígenas y Estado Plurinacional en OSAL (Buenos Aires, CLACSO) Año VIII, nº 22, octubre de 2008.

21 Pablo González C., «Colonialismo interno (una redefinición)», en Borón, Atilio, Javier Amadeo, Sabrina González (coord.), La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 410.

22 Idem.

23 Cfr. Natividad Gutiérrez, Estados y autonomías en democracias contemporáneas, México: UNAM/Plaza y Valdés, 2008.

24 Carlo Baldi, «Autodeterminación», en Norberto Bobbio, Diccionario de Política, Siglo XXI, 2005, p. 124-128.

25 Héctor Díaz Polanco, Autonomía regional, la autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo XXI, 1991.

26 Francisco López Bárcenas, Autonomía y derechos indígenas en México, México, Ce-Acatl/CEIICH-UNAM, 2006, p. 42.

27 Idem, p. 44.

28 Ibid., p. 44.

29 Ramón Máiz, XI tesis para una teoría política de la autonomía, en Natividad Gutiérrez, Estados y autonomías en democracias contemporáneas, México, UNAM/ Plaza y Valdés, 2008, p. 18.

30 Boaventura de Sousa Santos, «El socialismo del buen vivir», extracto de la exposición presentada en el Foro Internacional: Los nuevos retos de América Latina: Socialismo y Sumak Kawsay, organizado por la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Coordinación de la Política del Ecuador, Quito 18-19 de enero de 2009.

31 Idem.

32 Idem.

33 Idem.

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Para citar este artigo

Referência do documento impresso

Jaime Preciado e Pablo Uc, «La(s) autonomía(s) en América Latina»L’Ordinaire des Amériques, 214 | 2010, 199-220.

Referência eletrónica

Jaime Preciado e Pablo Uc, «La(s) autonomía(s) en América Latina»L’Ordinaire des Amériques [Online], 214 | 2010, posto online no dia 16 julho 2013, consultado o 29 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/orda/747; DOI: https://doi.org/10.4000/orda.747

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Autores

Jaime Preciado

Universidad de Guadalajara, México

Pablo Uc

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

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